Académicos contra proyecto
que reestructura la Contaduría.

La Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública

-Asfacop- en carta de aclaración enviada a la revista Semana, con la firma de su presidente, Miguel Hernán Santana Urrego, Decano de laFacultad de Contaduría Pública de la Universidad La Gran Colombia, precisa que “las facultades sí están formando profesionales en Contaduría que llenan las expectativas del país e, incluso, de fuera”, a la vez que rechaza, por inconveniente, un proyecto de ley que la Superintendencia de Valores piensa llevar al Congreso, el cual lesionaría también la autonomía universitaria.

El texto de la aclaración es el siguiente:

“Comedidamente le remito el análisis que se realizó por parte de nuestra entidad con relación al proyecto de intervención económica y al cual ustedes se refieren en su artículo ¿how do you account?, en el que se hacen algunas afirmaciones que no compartimos, como por ejemplo al comentar que los programas académicos de Contaduría en Colombia se orientan más a producir técnicos que contadores y auditores modernos.

Las facultades están formando profesionales en Contaduría que llenan las expectativas del país, e incluso de fuera y son quienes tienen la potestad, una vez estén “registrados”, de dar fe pública, que es una importante responsabilidad y lo hacen especialmente a través de la Revisoría Fiscal, que es el órgano societario de control, que realiza tareas de mayor trascendencia que la de simple “auditor financiero”.

Las universidades hacen sus mayores esfuerzos por entregar a la sociedad, contadores probos, defensores de la legalidad y se recalca, en demasía, sobre la independencia que se debe tener, sobretodo cuando se ejercen tareas de control.

El dictamen de los estados financieros es una tarea dentro de las demás funciones que tiene el Revisor Fiscal y cuando las funciones de ésta son vistas por entidades, como la Asociación Interamericana de Contabilidad A. I. C., con especial simpatía por el alcance de las tareas que realiza, el gobierno quiere implantar la auditoria financiera a pesar de las tristes experiencias que se manifiestan en el mismo artículo, en el caso de empresas como Enron y Parlamat, entre otras.

Hemos sugerido al gobierno que trabajemos conjuntamente, sin imposiciones, con ánimo de mejoramiento, porque, al fin de cuentas, además de la Contaduría está de por medio la economía de las empresas y, por ende, la economía nacional, pero no hemos obtenido respuestas. No estamos cerrados al cambio, por el contrario, creemos que es una necesidad, pero no dentro de los parámetros foráneos que nos quieren imponer, porque no se han realizado estudios de impacto en lo que tiene que ver con los gastos que las empresas deben realizar en nuevos programas, en empleo en los profesionales, el tratamiento igualitario que se pretende dar con la aplicación de estándares internacionales a la pequeña, mediana y grande empresa, sin ver las experiencias en otros países, y menos en los aspectos fiscales.

El proyecto no atiende al mandato constitucional referente a la “autonomía universitaria”, ni el derecho a la igualdad y, menos, el de la libertad de escoger profesión u oficio, cuando pretende que las personas jurídicas que presten servicios en contaduría, tengan la calidad de Contador.

Tampoco se detiene en lo que respecta a los derechos adquiridos, por lo cual creemos que ese proyecto, en vez de ayudar al país, le es inconveniente, termina diciendo el documento de Asfacop, firmado por su presidente, Miguel Hernán Santana Urrego.

Nueva ley impondría tarjeta temporal para contadores

Las Facultades de Contaduría Pública, a través de cinco mesas de trabajo, entregaron a la opinión pública un análisis del proyecto de “intervención económica”, que pretende darle nuevos rumbos a esta profesión realizar cambios de fondo en el currículo de cada unidad docente y, por ende,en cada uno de los planes de estudio. Dicho proyecto está siendo impulsado por la Superintendencia de Valores.

Apartes del documento Asfacop son los siguientes:

“Al contrastar los contenidos de los artículos 10 y 22 (Mecanismos de adopción y autonomía universitaria), se ve claramente que cualquier persona, empresa o gremio, puede actuar según sus conveniencias e intereses y hacer lobby para que las normas se redacten a su acomodo. Son artículos contradictorios y según los intereses que se tejen, violatorios de la autonomía universitaria. Los particulares terminarían incursionando en asuntos que son del resorte único de las universidades.

Desde otro punto de vista, es necesario hacer notar, que el proyecto incluye una renovación de la Tarjeta Profesional cada cinco años, vale decir, las universidades estarían otorgando títulos por un número limitado de años a los denominados Contadores Profesionales Acreditados Públicos, cosa que no sucede con los denominados Contadores Profesionales Acreditados Privados, que no son profesionales formados de manera diferente, sino que ejercen de manera diferente la misma profesión.

De tales reflexiones surge un interrogante de fondo y es el siguiente: “Qué es lo que realmente está fallando: ¿las normas, los estándares o la formación de profesionales?”

Laxitud y escándalos

Los grandes escándalos contables y financieros recientes – dice el documento- están montados más sobre la laxitud de los estándares que sobre otra cosa, pues, de todos es conocido, que los directivos que propiciaron los fraudes de empresas como los gigantes Enron, Wortd Com, Tyco, Xerox, Parmalat, Adecco, etc, no tenían una formación académica precaria, ya que eran egresados de las más prestigiosas universidades norteamericanas y europeas y con postgrados, sumados a experiencias en empresas de prestigio equivalente. Tal vez tuvieron una escasa o nula formación ética y de valores (o la ignoraron olímpicamente para su propio lucro), pero en eso la academia tiene limitadas posibilidades de intervención, la sociedad en general y la familia tiene en esos campos (ética, valores) un grado importante de culpa”.

A manera de resumen,las Facultades de Contaduría precisan::

• La Autonomía Universitaria se ve vulnerada seriamente, una vez más, al querer que interfieran en la formación profesional y en el otorgamiento de títulos para ejercer, organismos, agencias y entes ajenos a la vida universitaria. Las universidades deben decidir la clase de formación que se les debe dar a sus estudiantes y, por lo tanto, es inaceptable la intromisión de entes ajenos a la Universidad en asuntos de formación, contenidos, pénsum, etc.
• Se quiere establecer una especie de doble instancia para que los títulos otorgados por las universidades tengan vigencia.
• La “armonización” debe ser la forma adecuada de mirar hacia los estándares internacionales, para lo cual la academia esta presta a ofrecer su concurso.

• Se debe volver a la formación en valores y principios, que den identidad a lo nacional, reforzando la ética profesional, sin dejar de lado los aspectos globales.
• A manera de conclusión general, a la elaboración de un proyecto de ley con tan profundas repercusiones, debe convocarse a toda la comunidad vinculada a la Contaduría Pública.
• ASFACOP considera indispensable la participación de todos los profesionales y de la comunidad académica, lo cual incluye, por supuesto, a los estudiantes de Contaduría del país en la discusión y propuesta de cualquier proyecto que implique la modificación de la situación actual.
• o toda actividad humana, nuestra profesión está sujeta a los cambios lógicos derivados de la evolución del mundo, lo cual no nos sorprende, pues al contrario, manifestamos nuestra disposición a estudiar juiciosamente los ajustes que las circunstancias requieran,siempre en beneficio de quienes depositen su confianza depositan su confianza en nuestro quehacer profesional, hecho este que, al final, es lo que cuenta.
• La adopción de normas internacionales, por el solo hecho de serlo, sin juzgar si su aplicación beneficia el ejercicio profesional en el país, no parece ser una medida sana, pues hace depender de organismos transnacionales, la emisión, sin ninguna clase de filtro, de las normas que debemos aplicar en Colombia.
• Tampoco es conveniente eliminar organismos o entidades, como la Junta Central de Contadores, el Consejo Técnico de la Contaduría o la figura de la Revisoría Fiscal, que han demostrado por años ser convenientes y que podrían alcanzar las competencias requeridas a través de unos cuantos ajustes que los pongan a tono con los tiempos que corren. Finalmente, se reitera que por todo lo anterior, “nuestra Asociación estará abierta al debate de los cambios que se quieran dar al interior de la profesión, dejando claro que somos parte interesada e importante, por lo cual estaremos prestos al llamado que el Estado u otras entidades privadas quieran hacernos, procurando siempre el mejoramiento de la Contaduría y del país.

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